Grandes casos de corrupción en España
La corrupción encharca toda la geografía nacional. Es ya una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, alarmados ante lo que perciben como impunidad de los cargos públicos para saquear las arcas del Estado. La lentitud de la Justicia para resolver estos casos no contribuye a disipar esas impresiones y cada día que pasa se hace más urgente actuar para ponerle freno. El fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha solicitado al Ministerio de Justicia "refuerzos", tanto humanos como tecnológicos, para investigar con "celeridad" y "eficiencia" el incremento de casos que dependen de la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos el caso Bárcenas. La alarma se ha extendido fuera de nuestras fronteras y, a principios de mes, un informe interno de la Comisión Europea advertía sobre el efecto negativo de los últimos escándalos, en especial tras la publicación de los papeles del extesorero del PP. “Ese es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”, sostenía el documento. La corrupción podría disuadir a posibles inversores complicando aún más la ya difícil situación de nuestra economía. Y es que Bárcenas y Nóos acaparan titulares no solo en España sino también en la prensa internacional. Son los casos más graves que este país tiene sobre la mesa, pero no son los únicos. Estos son algunos de los más importantes.
CASO BÁRCENAS
Aunque Luis Bárcenas ya estaba imputado en el ‘caso Gürtel’, uno de los de mayor envergadura por la extensión de sus raíces y por haber contaminado a políticos de primera línea de uno de los dos principales partidos españoles, el Partido Popular, el caso que ha sido bautizado con su nombre estalló el pasado 16 de enero cuando Suiza comunicó a la Audiencia Nacional que el extesorero del PP había llegado a tener 22 millones en cuentas de ese país. A partir de ahí, se inició un goteo de revelaciones en la prensa que alcanzaron su punto culminante el 3 de febrero, cuando El País publicó lo que denominó “Todos los papeles de Bárcenas”, una serie de apuntes contables del extesorero que registran entregas a las sucesivas cúpulas del partido desde 1990, así como supuestos pagos de otros gastos de la formación política. Entre los destinatarios de los pagos en B aparecen Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja.
Tres días después, Bárcenas acudió a declarar a la Fiscalía Anticorrupción y negó la existencia de cuentas ocultas en el PP y que él fuera el responsable. Existe la impresión de que el extesorero ha filtrado los documentos a través de su amigo y exdiputado del PP, Jorge Trías, que sí se ratificó en su denuncia de la doble contabilidad ante la fiscalía. Bárcenas, entretanto, estaría enseñando una mínima parte de lo que tiene, reservándose la baza de los originales que podría sacar a la luz en el momento que considere más oportuno, y esperando que le ofrezcan algún trato ventajoso para librarse de tener que responder por delitos contra la Hacienda Pública y como el blanqueo de capitales a cambio de no revelar todo lo que sabe sobre la supuesta financiación ilegal de su antiguo partido.
De momento, la cúpula popular, incluído Mariano Rajoy, evita meterse con él y ni siquiera la menciona. Pese a denunciar la falsedad de los ‘papeles’, Génova no se ha querellado contra Bárcenas. Es más, nos acabamos de enterar de que le ha mantenido contratado hasta diciembre de 2012. Ahora, todos los que habían asegurado que no existía relación laboral alguna con él desde 2010 –Rajoy, Cospedal, Floriano, Montoro, Alonso- tendrán que explicar por qué mintieron.
CASO GÜRTEL…
La denuncia en 2009 de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.
Gürtel tiene dos ramas. La madrileña, a la que pertenecen todos los anteriormente citados, y la valenciana, que incluye varias instrucciones: el caso de los trajes; la pieza separada del caso FITUR, por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Por lo que se refiere al ‘caso de los trajes’, supuso la investigación de la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El ‘premio’ serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región.Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama. El juicio comenzó el 12 de diciembre de 2011 en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
…Y LA AMNISTÍA FISCAL
Situar a la amnistía fiscal bajo el epígrafe de ‘corrupción’ puede parecer exagerado, y sin duda lo será para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha defendido su ‘criatura’ a capa y espada frente a las acusaciones de la oposición, que empezó considerándola éticamente reprobable y que ha terminado asimilándola a un ‘coladero’ para delincuentes. Y es que, por lo que se sabe, varios imputados en Gürtel se han acogido a esa regularización especial de dinero negro. Antes o después, Montoro tendrá que acabar dando explicaciones. El 13 de febrero dijo en el Congreso que solo un imputado se había acogido a la amnistía. La Agencia Tributaria reveló después que eran dos los empresarios imputados que se habían apuntado a esta vía y que otros seis habían presentado declaraciones complementarias desde que estalló esta trama de corrupción en el 2009. Teniendo en cuenta que Luis Bárcenas también ha revelado que se ha aprovechado del mecanismo, ya son tres los implicados en la trama Gürtel que se han beneficiado de la amnistía fiscal: Fernando Martín (expresidente de Martinsa-Fadesa), Alfonso García Pozuelo (expresidente de Hispánica Construcciones) y Luis Bárcenas (extesorero del PP).
El exdiputado madrileño Alfonso Bosch es el único que puso al orden sus cuentas con Hacienda antes de que estallara el caso Gürtel (ingresó 3.111 euros en el 2008 correspondientes a los ejercicios del 2005 y del 2006). Los otros imputados aclararon sus cuentas con el erario público a partir del 2009 y mayoritariamente en el 2010. La excepción es el también exparlamentario regional Alberto López Viejo, que esperó hasta el pasado julio para abonar a Hacienda 4.722 euros correspondientes a los ejercicios del 2008 al 2011.
CASO NÓOS
Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana. El caso está en fase de instrucción. Iñaki Urdangarin declaró ante el juez el 26 y el 27 de febrero, cuando aseguró que era Diego Torres quien manejaba realmente el Instituto Nóos. También desvinculó a la infanta Cristina de las actividades de la fundación. En enero, la Fiscalía del Estado rechazó investigar si la hija del Rey tuvo conocimiento de las supuestas actividades ilícitas.
Diego Torres no quiere ser el único que haga frente a las responsabilidades del caso y lo ha dejado claro filtrando a la prensa correo electrónicos que dejan al descubierto una relación bastante estrecha de la Casa Real con las actividades del Instituto Nóos. Entre los mails figura uno con una foto con chicas ciclistas en toples, en el contexto de la negociación acerca del equipo ciclista Illes Balears, y con este texto acompañando a la imagen: “Este es mi equipo”. Otro, que firmó como ‘El Duque Em…Palma…Do’, le ha costado quedarse sin calle en Palma de Mallorca
Este sábado, 16 de febrero, Torres ha materializado su amenaza y ante el juez Castro ha destacado el papel relevante que jugaban tanto García Revenga como José Manuel Romero, conde de Fontao, quien tras esta declaración será citado por el juez Castro. Pero Torres dio un paso más para involucrar al Rey desvelando una supuesta reunión en el Palacio de la Zarzuela en marzo de 2004 a la que, además de él, habrían asistido el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y obviamente Urdangarin. En ese encuentro, negado por Camps, se habría acordado la celebración del Valencia Summit de 2005, uno de los eventos investigados en la causa. Eso sí, precisó que el Rey no estaba en el Palacio.
Además, Torres ha entregado al juez Castro nuevos correos que demuestran que el Rey estaba al tanto de las actividades de su yerno. “SM me ha comentado un posible patrocinador importante”, escribe Iñaki Urdangarin el 12 de octubre del 2007, en referencia, según el propio exsocio, al Rey (Su Majestad). El 13 de octubre, el duque escribe a Pedro Perelló, empresario y regatista con el que trató de impulsar el proyecto Ayre para crear una segunda escudería española para la Copa América, para la que pedían 100 millones de euros en patrocinios y que finalmente no salió adelante. Le dice que “sobrevender (exagerar) la participación de la familia real en el proyecto cuando quien tú ya sabes nos está ayudando como lo está haciendo no creo que sea el mejor camino. Sobre todo porque mi experiencia me dice que el perfil bajo es mejor compañero de viaje que la venta excesiva de los activos. (…) SM me ha vuelto a comentar las ganas que tiene de que el proyecto salga adelante”.
CASO PALMA ARENA
Es la matriz del ‘Caso Nóos’y lo destapó un informe encargado por el PSOE al llegar al Govern a raíz del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena, que llevó al banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión. Está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos. Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés. Afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007) y están imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas también es investigado por el caso Ibatur, trama de desvío de dinero del Instituto Balear de Turismo, entre otros casos. El ‘Palma Arena’ ya tiene 26 piezas separadas. Jaume Matas ya fue condenado el 20 de marzo de 2012 a seis años de prisión por pagar con dinero público a un periodista para que hablase bien de él. En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.
CASO POKÉMON
Se indagan las posibles comisiones ilegales a cambio de concesiones municipales, así como una red de enchufes en contrataciones. La investigación la lleva un juzgado de Lugo pero en su segunda fase, que ha recibido el nombre de ‘Manga’, el caso no solo se circunscribe al territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y Cataluña. El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo Vendex y sus distintas filiales. Ahora también en Aquagest y GRS Arc Local. Ángel Espadas, el hombre fuerte del Gobierno del PP en Santiago hasta que dimitió el alcalde Gerardo Conde Roa –que tiene otro caso pendiente- el pasado abril, está en la cárcel desde la madrugada del sábado. El edil de Seguridad de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, al que la juez impuso una fianza de 15.000 euros, ha dimitido de su cargo aunque el alcalde, Ángel Currás, también imputado en este caso, le había retirado las competencias el viernes. Espadas, Vázquez Aldrey, y José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest, fueron detenidos el jueves 14 de febrero. El nuevo escándalo se produjo solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor de Santiago partiendo de la querella de un policía municipal que les acusa de degradarle en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones.
CASO CONDE ROA
Este exalcalde de Santiago, del PP, está siendo investigado por un delito fiscal, por apropiarse del IVA de su constructora y tiene otro sumario pendiente por posible corrupción en un contrato municipal.
CASO BALTAR
Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarón del PP de Ourense, José Luis Baltar, por efectuar un centenar de contrataciones en la Diputación de personas afines al PP en vísperas del congreso provincial del partido del 2010 que ganó su hijo. Hace unos días, el extodopoderoso presidente del PP y de la Diputación de Ourense compareció ante el juez que instruye la querella fiscal contra él por prevaricación y se acogió al derecho constitucional de no contestar a las preguntas de la acusación particular: el PSOE y la organización Manos Limpìas. Pero a preguntas de su propio letrado cargó contra sus empleados: los dos altos funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el exinterventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la provincia. Baltar aseguró conocer los procedimientos para contratar personal y remarcó la “urgencia” -negada por el interventor- de los 104 que firmó en las vísperas del congreso del PP pero precisó que jamás había visto un expediente de contratación. Dijo que se había limitado a firmar los documentos que le ponían delante los jefes de servicio, el interventor o el secretario.
CASO CAMPEÓN
La instrucción del ‘Caso Campeón’ afecta de lleno al ex ministro de Fomento y diputado socialista, José Blanco, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y cohecho al percibir presuntas comisiones ilegales a cambio de favores. Se investiga la trama de subvenciones y comisiones ilegales cobradas y pagadas por el empresario del sector farmaceútico Jorge Dorribo. Los principales imputados, además de Blanco (PSOE), son el ex consejero gallego Fernando Blanco (BNG) y el exdiputado autonómico Pablo Cobián (PP), así como varios altos cargos de la Xunta actual (PP). El 14 de febrero se hizo público que el fiscal encargado del caso en el Tribunal Supremo, Manuel Dolz, pedirá que se juzgue por un posible delito de tráfico de influencias a José Blanco, al que acusa de interceder ante diferentes autoridades a favor de su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente del Grupo Azkar, para que consiguiese la instalación de una nave en Sant Boi (Barcelona). El Ministerio Público considera que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) ya han aportado indicios suficientes para iniciar el proceso judicial y pedir el suplicatorio para proceder contra Blanco, aforado por su condición de diputado. La apertura de un procedimiento judicial no implica el archivo de las pesquisas sobre el resto de actuaciones supuestamente delictivas que se le atribuyen a Blanco como el dinero que habría recibido del empresario farmacéutico Jorge Dorribo por hacer gestiones en su favor ante varios ministerios; su participación en la firma andorrana Salut D’Innovació a través de José Antonio Orozco, o el pago de su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Del sumario del ‘Caso Campeón’ derivó el de las ITV de Catalunya.
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